La ley fue publicada el domingo 19 de julio de 2026 en el diario oficial El Peruano, luego de completar el procedimiento legislativo correspondiente. Tras su aprobación en la Comisión Permanente del Congreso, la autógrafa fue remitida al Poder Ejecutivo, que optó por promulgarla, permitiendo así su entrada en vigencia y la implementación de las medidas contempladas para diversos sectores, incluido el deportivo.

En materia deportiva, el artículo 23 está dedicado exclusivamente a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Su principal objetivo es garantizar la organización e implementación del evento mediante un conjunto de disposiciones que permitan acelerar las inversiones y asegurar que las obras y compromisos necesarios se ejecuten dentro de los plazos establecidos.

Como parte de estas medidas, la norma autoriza a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) a formular, evaluar, aprobar y ejecutar las inversiones requeridas para Lima 2027, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. De esta manera, la entidad asumirá un rol protagónico en el desarrollo de la infraestructura necesaria para albergar las competencias.

Asimismo, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) queda facultado para realizar, durante el Año Fiscal 2026, transferencias financieras a favor de la ANIN con cargo a su presupuesto institucional. Estos recursos estarán destinados a financiar las inversiones vinculadas con la preparación de los Juegos, siempre que cumplan con los procedimientos de aprobación y publicación establecidos en la propia ley.

La legislación también autoriza al IPD a efectuar transferencias financieras al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la International Surfing Association (ISA). Estos recursos servirán para financiar asistencia técnica especializada y atender compromisos asumidos en el marco de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, previa suscripción de los convenios correspondientes.

Otro punto importante de la norma es el establecimiento de mecanismos de control sobre los recursos públicos. En ese sentido, el IPD será responsable de monitorear y supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas de las transferencias realizadas a la ANIN, con el propósito de garantizar una adecuada ejecución de las inversiones destinadas al evento.

Además, el artículo 23 precisa que los recursos transferidos solo podrán ser utilizados para los fines autorizados por la ley, prohibiendo expresamente que sean destinados a otros objetivos. Con ello, se busca fortalecer la transparencia en el manejo del presupuesto asignado para la preparación de Lima 2027 y asegurar que cada inversión contribuya directamente al desarrollo de la cita continental.

Con la entrada en vigencia de la Ley N.° 32732, el Perú suma un nuevo respaldo legal para avanzar en la organización de los XX Juegos Panamericanos y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027. Las facultades otorgadas a la ANIN y al IPD, junto con la posibilidad de recibir asistencia técnica internacional, apuntan a acelerar la ejecución de proyectos estratégicos y cumplir con el cronograma previsto para recibir nuevamente a los mejores deportistas del continente.

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