Las Elecciones presidenciales en Colombia 2022 se realizarán el domingo 29 de mayo, por ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil seleccionó a los nuevos jurados de votación que prestarán su servicio en esta jornada democrática, como plan de garantías electorales para fortalecer los comicios.
Mediante sorteo, fueron seleccionados 690367 jurados de votación (86932 remanentes) que fueron postulados por las agrupaciones políticas, empresas del sector privado, entidades públicas, estudiantes de universidades y docentes, quienes prestarán su servicio en las elecciones presidenciales 2022 y garantizarán el normal desarrollo de los comicios en las mesas de votación del próximo 29 de mayo.
De acuerdo con lo manifestado por el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, en cada mesa de votación habrá un jurado por campaña, garantizando la heterogeneidad en la filiación política.
“Lo importante es que hubo una nueva designación de jurados, en la que prevaleció la experiencia en sectores como: campañas y partidos políticos, empleados públicos y privados, docentes y estudiantes universitarios. Garantizamos que ninguna mesa del país quedará homogénea”, explicó Alexander Vega Rocha, registrador nacional del Estado Civil.
Los ciudadanos podrán consultar si fueron designados jurados de votación en la página web de la Registraduría https://eleccioncolombia.registraduria.gov.co/ y en la aplicación Infovotantes, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.
Las capacitaciones a los jurados de votación en todo el país se llevarán a cabo desde el jueves 12 de mayo y se extenderán hasta el 27 del mismo mes, en los horarios de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.; de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.; de 2:00 p. m. a 4:00 p. m y de 4:00 a. m. a 6:00 p. m.
Cabe señalar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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