Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que debían ser la vitrina del deporte peruano, terminaron convertidos en un espejo roto de improvisación, favores y contrataciones cuestionables que tuvieron a delegaciones enteras amenazadas de desalojo en pleno evento internacional. Y todo ello ocurre en medio de un terremoto institucional: a solo dos semanas del inicio de la competencia, el Ejecutivo reemplazó al presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPDJ y, antes, se había cambiado también al gerente general, que hoy es Alberto Tejada Conroy. La organización se cayó en cámara lenta, pero estalló en público apenas las delegaciones extranjeras empezaron a quejarse de que sus hoteles no habían sido pagados por el Estado peruano.
Un hotel reclama más de USD 800 mil, según confirmó a CARETAS el congresista Carlos Zeballos. La delegación colombiana llegó a amenazar con retirarse del país, como reportó la prensa internacional, y varias delegaciones denunciaron que sus alojamientos estaban a punto de cortar suministros o expulsar a los atletas si no llegaban los pagos comprometidos.
¿A dedo?
Un documento clave es la carta Nº 000765-2025-OGA/IPD, con fecha 22 de noviembre, donde el IPD adjudica directamente -sin concurso, sin competencia y bajo el paraguas del Decreto de Urgencia 09-2025 emitido por el presidente José Jerí- el contrato para “alojamiento, alimentación y alquiler de salas para delegaciones” a un consorcio llamado Bolivarianos Perú, por un total de S/ 49′820 516 70 con IGV.
El documento, firmado por el jefe (e) de la Oficina General de Administración, Illich Ascarza, habilita el inicio inmediato de la prestación, incluso antes de la formalización contractual. Es decir: el IPD entregó casi S/ 50 millones y dio la orden de arrancar... pero sin contrato firmado. ¿Quiénes son los elegidos? Tres empresas que no tienen nada que ver con hotelería. El llamado “Consorcio Bolivarianos Perú” está integrado por tres empresas cuyas actividades no guardan relación alguna con servicios de hospedaje, alimentación masiva o logística hotelera. La promesa formal de consorcio, firmada ante notaría, revela su composición.
l. DePerú Hub E.I.R.L. (25 %)
- Una empresa de construcción Su RUC declara como giro principal la construcción de edificios, con actividades secundarias de acabados e instalaciones eléctricas. No registra actividad alguna vinculada a hotelería, alimentación o manejo de delegaciones deportivas.
2. Corporación Alimentaria Maaz / Coralima (50 %) Mayorista de abarrotes y servicios de comida
- Su rubro principal es la venta al por mayor de alimentos y bebidas, además de restaurantes. Una empresa de abarrotes y catering básico difícilmente puede justificar competencias para operar alojamiento internacional de alto volumen.
3. Corporación Vega S.A.C. (25 %) -Tiendas Vega
- Dedicada a la venta mayorista y minorista no especializada, incluida la venta de alimentos y servicios diversos. Un retail convertido de la noche a la mañana en operador de hospedaje deportivo.
No hay hoteles, no hay operadores turísticos, no hay empresas logísticas especializadas, no hay historial de operaciones de tamaño similar. Lo que sí hay es un contrato estatal multimillonario entregado a dedo, con empresas sin experiencia, a solo días de un evento internacional que exige precisión quirúrgica en alojamiento y alimentación.
El congresista Carlos Zeballos confirma a CARETAS que la situación llegó a niveles críticos: “Lo que está pasando en los Bolivarianos es muy peligroso. El consorcio Bolivariano está conformado por tres empresas que no tienen nada que ver con el rubro. El IPD los contrató a dedo usando el DU del presidente Jerí. Todos están siendo amenazados con desalojo. Tenemos la amenaza de ser desafiliados”.
El presidente saliente, Federico Tong, ya había sido cuestionado por presuntas adquisiciones direccionadas; el entrante, Sergio Ludeña, proveniente del Cienciano, llegó contra el reloj. “Son más de 300 millones de soles de presupuesto total”, resume Zeballos. “Y estamos improvisando con operadores sin experiencia”.
En los días previos al inicio de la competencia, medios internacionales registraron jueces varados sin transporte, delegaciones sin acreditación, retrasos en sedes y la constante amenaza de que los hoteles cerrarían sus puertas por falta de pago. La organización chilena incluso calificó de “inadmisible” la falta de profesionalismo, mientras la colombiana y venezolana exigieron garantías antes de participar.
Un país que aspira a ser sede de grandes eventos deportivos no puede permitir que estas prácticas se normalicen. Esta vez, el deporte quedó rehén de la informalidad, el desorden y los intereses opacos.
