Los dirigentes del Flamengo serán obligados a comparecer a una sesión de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro para explicar lo que el vigente campeón brasileño y de la Copa Libertadores ha hecho tras un año del incendio en una de sus sedes en que murieron diez jóvenes y que sigue sin sanción.
La llamada “conducción coercitiva” de los dirigentes deportivos para que comparezcan a testimoniar ante una comisión parlamentaria que investiga la tragedia que cumple un año este sábado fue aprobada por los miembros del Legislativo regional luego de que ningún responsable por el Flamengo acudiera a una sesión a la que habían sido invitados este viernes para ofrecer explicaciones.
El presidente de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Alexandre Knoploch, explicó que, ante la negativa de comparecer voluntariamente, el organismo aprobó de forma unánime una resolución por la que autoriza a la Policía Civil a conducir a la fuerza a los dirigentes del club más popular de Brasil a una sesión prevista para el próximo viernes.
La medida fue dictada contra el presidente del Flamengo, Rodolfo Landim; el CEO del club, Reinaldo Belloti; y los vicepresidentes Jurídico, Rodrigo Dunshee, y de Patrimonio, Alexandre Wrobel, que en las últimas semanas se han negado a dar declaraciones sobre lo que el club ha hecho para reparar a los familiares de las víctimas.
El fatal incendio ocurrió el 8 de febrero de 2019 en los dormitorios de los jugadores de las divisiones juveniles del Flamengo en el llamado Ninho do Urubu (Nido del Buitre), como es conocido el complejo de entrenamientos del conjunto carioca en el barrio de Barra de Tijuca.
El dormitorio, que se limitaba a un conjunto de contenedores adaptado como habitación, funcionaba pese a diferentes irregularidades y a las multas impuestas por la Alcaldía por carecer de licencias de funcionamiento. En el incendio murieron diez adolescentes de entre 14 y 16 años, incluyendo algunos jugadores que eran considerados como grandes promesas del fútbol brasileño.
A exacto un día de cumplirse el primer año de la tragedia hasta ahora nadie ha sido sancionado por su responsabilidad en el incendio ni la Justicia ha abierto juicio contra ningún acusado ni el Flamengo ha llegado a acuerdos con los familiares de las víctimas para el pago de las respectivas indemnizaciones.
A la sesión de este viernes en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro sí comparecieron familiares de algunos de los jóvenes muertos, que dijeron seguir abandonados y sin explicaciones, así como representantes del Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ministerio Público, que dieron detalles sobre las investigaciones y las posibles responsabilidades del Flamengo en la tragedia.
“El día de la muerte de mi hijo nadie del club me llamó. Me enteré por la prensa. No tuve ayuda psicológica. El Flamengo no nos ayuda en nada. No tenemos ningún contacto”, afirmó Wedson Cándido de Matos, padre de uno de los futbolistas muertos. El club alega que ya ha llegado a acuerdos con las familias de cuatro de los diez jóvenes muertos para pagarles indemnizaciones y que le paga una pensión mensual provisional de unos 2.380,9 dólares a todas las familias.
El pago de tal pensión fue ordenado por la Justicia ante la demora del Flamengo en llegar a un acuerdo sobre indemnizaciones tanto con la Fiscalía como con las familias de las víctimas. La decisión de carácter cautelar garantizó el sustento a las familias por lo menos hasta que la Justicia se pronuncie en forma definitiva.
La decisión también obligó al club de Río de Janeiro a incluir en su nómina de salarios a otros tres futbolistas que resultaron heridos en el incendio y que no han podido regresar a los entrenamientos.
Con información de EFE
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