Neymar se encuentra en boca de todos. No por un golazo o mágica asistencia en la pretemporada del PSG, sino por un problema con la justicia. Y es que este miércoles, la Fiscalía de España ha pedido para el delantero brasileño dos años de cárcel y unos 10 millones de euros de multa por delito de corrupción en los negocios en su fichaje por el Barcelona en 2013. Asimismo, las autoridades solicitan cinco años de prisión y otros 10 ‘kilos’ de castigo para el expresidente azulgrana Sandro Rosell por los delitos de corrupción en los negocios y estafa en el fichaje del paulista.
En cambio, exonera al también expresidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, vicepresidente cuando ocurrieron los hechos, al entender que pese a firmar los contratos presuntamente fraudulentos para fichar al delantero del Santos, entre 2011 y 2013, no formó parte activa de las negociaciones.
El juicio oral empezará el próximo 17 de octubre, en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, durará hasta el 31 de octubre y en él comparecerán como acusaciones particulares el fondo brasileño DIS y la Federación de Asociaciones de Atletas Profesionales de Brasil (FAAP).
Hasta el momento del traspaso al Barça, DIS era poseedor del 40% de los derechos económicos de Neymar, tras el acuerdo que alcanzó en 2009 con el futbolista, ahora en el PSG, y a quien pagó el equivalente a 2 millones de euros.
Sin embargo, y aunque el Barcelona acabó desembolsando 25,17 millones al Santos por los derechos del jugador y otros 60 millones por diversos conceptos a N & N Consultoria Esportiva, la empresa familiar dirigida por el padre de Neymar, DIS solo percibió 6,8 millones, por su 40%.
Igualmente, la FAAP considera que, en aquella operación presuntamente fraudulenta entre el Barcelona y el Santos, también fueron vulnerados sus derechos, establecidos con fines sociales y consistentes en un pequeño porcentaje de los derechos de traspaso.
Además de Neymar, Rosell y Bartomeu están acusados el padre y la madre del jugador, para quienes la fiscalía pide dos años y un año de prisión por sendos delitos de corrupción en los negocios, y el exdirigente del Santos Odilio Rodrígues, para el que pide tres años de cárcel por el delito de estafa.
También serán juzgadas por su participación en el caso tres personas jurídicas: el FC Barcelona, el Santos FC y N & N Consultoría Esportiva, para los que la fiscalía solicita penas de multas de 8,4, 7 y 1,44 millones de euros, respectivamente.
El traspaso de Neymar lleva un recorrido judicial desde hace años, con varios frentes abiertos que le han ocasionado numerosos problemas jurídicos y financieros al FC Barcelona.
En 2016, la entidad catalana ya aceptó pagar 5,5 millones de euros por sendos delitos fiscales, en una sentencia de conformidad que convirtió al Barça en el primer equipo de fútbol condenado como persona jurídica. Aquel pacto con la Fiscalía permitió exonerar de responsabilidad penal al entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, y a su antecesor, Sandro Rosell.
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