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Este jueves 2 de noviembre, a través de un comunicado emitido por sus redes sociales, el Ministerio Público dio a conocer que el tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque presentó una acusación y solicitó seis años y ocho meses de pena privativa de la libertad para Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Dicha petición está fundamentada en que el titular de la Videna habría cometido el delito de enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde del distrito de Chongoyape, en Lambayeque. (ver documento completo)
Recordemos que el pasado 28 de septiembre de 2022, la Fiscalía de la Nación dispuso formalizar la investigación contra Agustín Lozano debido a que, según los indicios, habría cometido el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del estado, en su condición de burgomaestre del citado distrito lambayecano. Por tal motivo, después de varios meses de indagaciones, hoy se formalizó esta acusación.
“La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque (3.° Despacho) presentó acusación y solicitó seis años y ocho meses de pena privativa de la libertad contra Agustín Lozano Saavedra por el delito de enriquecimiento ilícito”, comienza el anuncio del Ministerio Público.
Asimismo, dieron más detalles del delito que habría cometido el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “De acuerdo con la acusación fiscal, en su condición de alcalde de Chongoyape, abusó de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio en más de S/2.8 millones, sin lograr justificar dicho desbalance”, añadieron.
Hay que tomar en cuenta que cuando la Fiscalía formalizó la investigación, reveló que Lozano Saavedra habría utilizado a sus familiares y amigos cercanos para ocultar su delito y evitar justificar cómo incrementó su patrimonio. Como se recuerda, este asumió la alcaldía de Chongoyape en dos ocasiones, durante los periodos 2011-2014 y 2014-2018. Posteriormente, desde el 2018 asumió la presidencia de la FPF tras la detención de Edwin Oviedo, para luego extender su mandato en el periodo 2021-2025.
Para aclarar el panorama de este proceso, Depor conversó con el abogado penalista, Franco Nicolini, quien explicó que es lo que sigue después de esta acusación penal en contra de Agustín Lozano. “De cara a esta acusación, es una materialización de todo lo recabado para presentarle al juez penal de turno y él va a tener que decidir de manera preliminar si es que hay mérito para iniciar proceso penal o no”, sostuvo.
Asimismo, el letrado agregó: “En esta etapa, el fiscal está plenamente convencido de que hay caso para poder sancionar penalmente al investigado. Esto no debería tomar tanto tiempo, entre la acusación y la decisión del juez, debería instaurarse una audiencia en la cual se escuche las decisiones de ambos. Todo va en función a lo que el juez dicte, yo calculo que en dos o tres meses máximo ya deberíamos tener una respuesta para saber si se inicia el proceso penal o no”.
En la mira de todos
Además de esta acusación fiscal, Agustín Lozano también está en el ojo de la tormenta por otros temas vinculados al contrato que suscribió con la empresa 1190 Sports por la transmisión de los partidos de la Liga 1 Betsson, además de la reciente revelación de Panorama en donde exponen los millonarios montos que depositó en las cuentas de clubes de la Liga 2. Ante esto, tres directores de la FPF, Raúl Bao, Juan Dupuy y Víctor Aedo, solicitaron al dirigente deportivo un informe detallado de estos gastos.
En el documento remitido el pasado martes 31 de octubre, los mencionados directores pidieron lo siguiente: “Informar respecto a los protocolos existentes en relación al uso de la caja chica y los gastos de representación, así como nos puedan trasladar los gastos realizados por dichos conceptos desde enero del año 2022 a la fecha”.
En lo concerniente al contrato con 1190 Sports, solicitaron “informar con relación al contrato suscrito con la empresa 1190, el mismo que versa sobre los asuntos de marketing y publicidad, los alcances y sus costos, así como las personas responsables por parte de dicha empresa para llevar a cabo el encargo; finalmente, nos traslade el informe legal que recomiende o apruebe la firma del contrato sin que éste no pase por aprobación del directorio”,
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