En las últimas horas, se confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Agustín Lozano y los miembros de su Junta Directiva. ¿El motivo? Según indica el documento oficial, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estaría implicado en los delitos de crimen organizado, extorsión y coacción.
A partir de la denuncia de Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportivo de Fútbol Peruano (ADFP), la tercera fiscalía presentó un documento en contra de Agustín Lozano. Dicha hoja posee el respaldo de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
El documento fue emitido el 15 de diciembre de 2022 y se basa en el Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo N°957, que detalla la investigación, juzgamiento y sanción para los integrantes de la Organización Criminal para personas vinculadas.
“Se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción que, por carácter o tiempo definido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada”, detalla la Ley N 30077, Ley Contra el Crimen Organizado (numeral 1 del artículo 2).
Aquí la lista de integrantes de la junta directiva de Agustín Lozano, quienes también están implicados en esta investigación del Ministerio Público:
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público señaló que Agustín Lozano Saavedra es investigado por presuntamente “haber incrementado su patrimonio de manera sospechosa e injustificada” durante el tiempo que ejerció la alcaldía en la Municipalidad Distrital de Chongoyape. Según la indagación fiscal, Agustín Lozano habría intentado encubrir estos presuntos en actos ilícitos “utilizando a sus familiares y círculo amical”.
En enero de 2021, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Agustín Lozano por el cargo que ocupó desde 2011 hasta 2018. En aquella oportunidad, el Ministerio Público declaró la investigación como compleja y dispuso un plazo inicial de ocho meses para las diligencias correspondientes (quedó absuelto).
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