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El pasado 11 de julio, se difundió un audio que registraba la conversación de una funcionaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) relacionada a la suspensión de la licencia ‘A’ al Club Deportivo Municipal, en la que las autoridades encontraron información sobre una supuesta comisión de delitos al interior de la entidad del deporte rey en nuestro país. En la misma, existirían facturaciones por servicios que no se prestaron y que involucrarían a varias empresas.
Tras dos meses de investigaciones, el Poder Judicial dio a conocer que encontró 355 mil 900 soles en un departamento de San Isidro, el mismo que se encuentra ligado al actual teniente alcalde del Callao (César Pérez Barriga), suma que fue incautada para continuar con las diligencias.
En esa misma línea, fue el juez Richard Concepción Carhuancho el encargado de declarar fundado el requerimiento de la Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, con el objetivo de dar a conocer la toma de posesión legal del dinero, como parte de la investigación que se le realiza a la FPF por presuntos pagos indebidos en su interna.
“Considera el órgano judicial que el detalle de los bienes objeto de incautación permitirá a posteriori comprobar la existencia, autoría o circunstancias del hecho punible materia de la investigación, respecto del cual corresponderá posteriormente decretar lo que corresponda”, precisó el magistrado en su resolución, según dio a conocer RPP.
En medio de este contexto, Depor se comunicó con el abogado penalista, Franco Nicolini, quien señaló: “Al parecer han estado investigando estos supuestos pagos indebidos por servicios no prestados y cuando es plata pública, hay inclusive corrupción entre privados, que no tiene por qué disponerse. Cuando tú indicas ‘te voy a prestar un servicio’, emites una factura y si en verdad nunca se prestó, ahí estás blanqueando plata que no es proveniente de la manera más lícita”.
Asimismo, el abogado expresó que “la Federación esté vinculada en función al audio de esta persona, supuesta funcionaria que no sale su nombre, quedaría un indicio razonable de que el dinero que está incautado habría sido producto de servicios no prestados y de facturas emitidas sobre esto... que no fueron efectivamente realizados para esclarecer o tapar algún acto delictivo que es materia de investigación”.
Así pues, Nicolini detalló cuáles serían los pasos a seguir por parte de las autoridades en este tipo de casos. “Definitivamente todo esto tiene que seguir una investigación conforme a ley. Si bien ya se ha dado el primer paso, de que sea otorgamiento de la medida de descerraje, que es un paso muy importante. Las incautaciones y todo este tipo de situaciones son acciones que tienen que estar autorizadas judicialmente, pero si no se realizan no se pueden tener los elementos de indicio suficiente para no solamente formalizar denuncia, que en este caso ya hay, sino también para condenar a la persona por los actos ilícitos que esté cometiendo”, sostuvo.
El Ministerio Público y su pedido a la FPF
En agosto pasado, el Ministerio Público requirió a la FPF la copia certificada de la pericia forense del año 2021 -relacionada al terreno en Chaclacayo- y a algunos informes de las medidas adoptadas para la adquisición del terreno y de la construcción en el mismo. A su vez, también se pidió que informe si se otorgó alguna suma de dinero a clubes del ascenso del fútbol peruano desde 2018 hasta el presente; es decir, tendrán que dar detalles de los depósitos (fechas, y a qué cuentas se realizaron), en caso la respuesta sea afirmativa.
¿Qué fechas hay que tomar en cuenta para este proceso?
El martes 24 de octubre fue la fecha elegida para la diligencia de deslacrado, visualización y transcripción de video, contenido en dispositivo USB, del registro fílmico del incidente del 10/02, cuando el personal de 1190 Sports intentó ingresar al Garcilaso de la Vega sin autorización de Cienciano (club local). Este evento se realizará en las oficinas del despacho fiscal. Además de ello, los martes 7, 14 y 21 de noviembre se realizarán otras diligencias que también están relacionadas a las denuncias de supuestas irregularidades en la interna de la FPF.
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