Consulta popular. Este domingo 1 de agosto de 2021, más de 93 millones de ciudadanos han sido convocados a participar en la primera consulta popular en la historia de México, sobre la apertura de juicios a los expresidentes del país. Durante esta jornada, el mismo pueblo decidirá si está de acuerdo, o no, con la posibilidad de abrirle procesos penales a los actores políticos que gobernaron tierras aztecas entre enero de 1988 y noviembre 2018.
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La jornada de la consulta ciudadana comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la tarde. A continuación, todo lo que debes saber.
La consulta popular es impulsada por el actual presidente de México, Manuel López Obrador (AMLO), con el fin de llevar a juicio a los expresidentes y sus entonces funcionarios de confianza por posibles actos ilícitos cometidos durante gestiones.
Entre sus argumentados presentados al Senado para que se lleve a cabo la consulta asegura: “Entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.
Añade que la situación que atraviesa México “fue consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular”. “Los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”, señaló. La oposición considera la actitud del Jefe de Estado como una especie de revancha política.
El Sistema de Información Legislativa (SIL) indica que la consulta popular es un “mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”.
Para que el resultado de la consulta popular sea vinculante (es decir, que realmente se puedan comenzar acciones legales), se necesita la participación de 40% de la lista nominal de electores en México, según el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Hay que tener en consideración que, en las elecciones federales del 6 de junio, la lista nominal ascendía a 93.676.029 electores, incluyendo ciudadanos en el exterior. Entonces, es necesario que acudan a la jornada electoral 37.4 millones de personas para que la consulta sea vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En las elecciones del pasado 6 de junio, 49.266.964 ciudadanos (52.6759%) ejercieron su derecho a votar.
El Instituto Nacional Electoral (INE) destaca que se trata de una consulta para que “sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado”. Si bien no se menciona a los expresidentes de forma explícita, están incluidos dentro de la naturaleza de la pregunta.
El camino hacia la jornada histórica ha sido largo. En noviembre 2018, el todavía presidente electo Manuel López Obrador aseguró que realizaría una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes de México que estuvieron en el cargo de 1988 a 2018.
Para lograr el llamado a la consulta, primero se tuvo que efectuar reformas al artículo 35 de la Constitución Política del país. El 15 de setiembre de 2020, ya en el poder, López Obrador propuso de manera formal la pregunta para la consulta popular.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, decía la propuesta el actual Mandatario, que además pedía que la consulta se realizara el 6 de junio de 2021, el mismo día en que se realizarían las elecciones intermedias en la mayor parte de las entidades de la República. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le realizó modificaciones en el texto y la fecha.
La pregunta sufrió cambios. En principio el presidente Manuel López Obrador propuso al Senado que el plebiscito histórico llevara en las preguntas los nombres de los expresidentes, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación los eliminó para hacerla de corte general y en el marco de la ley.
La Corte cambió la pregunta con la finalidad de hacerla general y en el marco de la ley; y determinó que la fecha de la consulta popular sea el domingo 1 de agosto de 2021.
La pregunta para este domingo es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Desde el pasado 15 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la difusión de spots que promueven el ejercicio democrático.
Los mexicanos que vayan a emitir su voto Este domingo 1 de agosto verán una papeleta con la pregunta que se aprobó. La papeleta además incluirá una breve descripción del tema que se está consultando, “cuadros para votar ‘Sí’ o ‘No’, la entidad, distrito y municipio o alcaldía donde se emite el voto, así como las firmas del presidente del Consejo General del INE y de su secretario ejecutivo”, según el Instituto Nacional Electoral.
El 88% de los electores podrá votar en la misma ubicación que en las elecciones del 6 de junio, pero el 12% restante no porque las casillas disminuyeron.
Para que sea vinculante, es decir, que tenga efectos legales, deberá participar al menos el 40% de los empadronados ante el INE. En caso de que así sea, se formaría una Comisión de la Verdad por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estos indicarán los delitos que habrían cometido los expresidentes.
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