Tras ser publicada a inicios de diciembre la ley que plantea la devolución de hasta S/4.300 para los aportantes activos e inactivos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), las cosas no están claras aún, pues se espera la respuesta del TC a la demanda presentada por el Ejecutivo, que declaró inconstitucional la medida del congreso.
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Por ello, los aportantes que desean pedir la devolución de una parte de sus aportes deberán esperar unos días más para tener las cosas claras. Al respecto, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dijo que quienes deseen retirar hasta 1 UIT de sus fondos deberán presentar su solicitud a la ONP (cuando se anuncie los procesos) para que evalúe su caso en un plazo máximo de 30 días hábiles, tras ese tiempo recién se determinaría cuándo le darían su dinero.
Es decir, si un aportante desea tener parte del fondo en sus manos, no debe pensar que le entregarán lo solicitado de inmediato, sino que tendrá que esperar el tiempo establecido en las normas.
Por su parte, el presidente Francisco Sagasti, señaló que el Gobierno iba a ver “la manera más razonable” de implementar la Ley N° 31083, que establece un régimen especial facultativo para la devolución de fondos a los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990, administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pese a que estaba en curso la demanda de inconstitucionalidad.
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“Es un tema de inconstitucionalidad y eso es lo único que nos queda por responder, mientras tanto veremos cómo el Gobierno, siguiendo la Constitución estrictamente, plantea esta demanda; al mismo tiempo que ve la manera más razonable de atender la implementación de esta ley que posiblemente, casi con seguridad, sea declarada inconstitucional”, manifestó.
Después de que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de devolución de aportes hasta por una UIT, presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional; al día siguiente, el 11 de diciembre, notificó al Congreso de la República sobre ella.
De acuerdo con el procedimiento, el Parlamento, por ser la parte demandada, deberá contestar en un plazo de 30 días; además, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, que el magistrado José Luis Sardón iba a ser el ponente. Entre los puntos de la demanda, se señala que la Ley N° 31038 vulnera los artículos 10, 11 y 12 sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones.
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La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, reiteró que la promulgación de dicha ley es “abiertamente inconstitucional”, por lo que pidió al Congreso responder la demanda en la brevedad.
“Estamos pidiendo al Congreso de manera informal, porque tiene autonomía, que conteste a la brevedad esta demanda porque desde el análisis en el Ejecutivo no es posible que tengamos un efecto sobre el presupuesto público y hacer peligrar el equilibrio fiscal”, dijo en RPP.
La presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, aseguró que responderán “lo antes posible” la demanda. “Lo ideal es que nosotros podamos hacer que estos hechos se judicialicen rápidamente y viabilizar una respuesta para que el TC conteste y pueda absolver las dudas”, dijo al tiempo de asegurar que antes de dar una respuesta, exigirán que el documento sea enviado a los voceros de todas las bancadas para que se puedan “controlar los plazos”.
Después de tales aseveraciones, el vocero de la bancada de Podemos Perú, Aron Espinoza, amenazó con censurar a la presidenta de la Mesa Directiva, Mirtha Vásquez, si es que da una respuesta inmediata. “No vamos a permitir que mañana o la próxima semana contestemos una demanda (desde el Congreso por la ley de ONP). Ahí si pediría, como vocero de la bancada, la censura de la Mesa Directiva, pero no vamos a permitir eso”, declaró a Exitosa Noticias.
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, criticó la Ley N° 31083 porque causa desequilibrio en las cuentas fiscales. “Puede que con la pandemia causada por la Covid-19 se hayan presentado propuestas populistas. Es inimaginable. Pedir que le devuelvan la ONP es como pedir que le devuelvan el IGV que pagó los últimos 10 años”.
La Defensoría del Pueblo, antes de ser aprobada por insistencia esta ley, ya había dado a conocer su posición asegurando que el retiro de fondos de la ONP es inconstitucional y que afectaría las bases elementales del sistema de seguridad social porque dejaría en una situación de vulnerabilidad a los adultos mayores.
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En el caso de que el Parlamento demore en responder la demanda de inconstitucionalidad, generará un retraso en la respuesta que debe dar el TC. De darse este escenario, el Ejecutivo ya viene trabajando en su implementación porque la ley ya fue promulgada.
Es decir, si el Tribunal Constitucional no da una respuesta en la brevedad (según especialistas se demoraría hasta cuatro meses), algunos aportantes ya podrían cobrar parte de sus aportes a la ONP porque se encuentran dentro de la ley, al menos la primera parte. Pero en el caso de que se acepte la inconstitucionalidad, esta norma al no ser retroactiva regirá desde esa fecha en adelante; es decir, a quienes se les devolvió su dinero, no se les exigirá que lo retornen.
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