Incluso el presidente: investigan a dirigentes de la Federación Colombiana por lavado de activos

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Incluso el presidente: investigan a dirigentes de la Federación Colombiana por lavado de activos

Un nuevo escándalo se ha presentado en el fútbol colombiano, luego de que el Estado decida analizar los bienes de algunos dirigentes. Ramón Jesurún sería uno de los implicados en los hechos.

Ramón Jesurún es presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde el 2015. (Foto: Colprensa)

Redacción CO

19/10/2021, 10:13 a.m. | Actualizado 19/10/2021, 10:51 a.m.

La Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación dio a conocer el pasado lunes que se llevará a cabo una investigación en la que se indague la procedencia del dinero y la adquisición de bienes de siete dirigentes y exfuncionarios de la F ederación Colombia de Fútbol. La lista la encabeza Ramón Jesurún, actual presidente de la FCF (Federación Colombiana de Fútbol).

Otros nombres que aparecen en la lista son los de Álvaro González Alzate, Jorge Fernando Pedromo, Claudio Cogollo, Juan Hernández y Herney Portilla; además de Luis Bedolla, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos por el ‘FIFA Gate’, escándalo que estalló en el 2015.

Noticias Uno fue el medio encargado en hacer pública la información, señalando que la investigación consistirá en revisar la documentación de viviendas, automóviles y más bienes, y determinar si algunos de sus bienes adquiridos con dinero de dudosa procedencia, y si hubo blanqueo de capitales.

La Fiscalía ha solicitado en el informe la actualización completa de búsquedas en bases de datos públicas, como antecedentes penales, anotaciones judiciales, Fosyha y Superintendencia de Notariado y Registro, para obtener información detallada.

Jesurín, Alzate y Pedromo ya habían sido relacionados en escándalos del fútbol colombiano, pues la mayoría de ellos fueron sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia rumbo a Rusia 2018.

La SIC les impuso una multa cercana a los 16.300 millones de pesos. Los directivos anunciaron que presentarán un recurso de reposición y una apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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