En México, el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas lleva casi un año en la congeladora. El Gobierno de México aún no tiene entre sus planes el hecho de discutir esta reforma y todo hace indicar que podríamos incluso llegar al final del mandato de Andrés Manuel López Obrador sin que esta reforma sea discutida ni aprobada. Mes a mes se ha venido postergando el debate de la normativa que plantea reducir las horas de trabajo y en caso de que no se logre una resolución en las próximas sesiones, los trabajadores podrían tener que esperar hasta octubre, cuando inicie la nueva legislatura.
En una declaración pública, Susana Prieto Terrazas, diputada independiente que encabeza esta reforma laboral, hizo un llamado a la clase trabajadora para que continúe expresando su respaldo en defensa de sus derechos. Subrayó que esta es la única manera de sensibilizar a los políticos y empresarios sobre la importancia de llevar esta iniciativa crucial a votación y ponerla en marcha.
“Estos diputados no le hacen falta a ningún partido político, pero le siguen haciendo falta a la clase trabajadora del país. Y desde las calles, vamos a seguir luchando porque si no logramos concientizar con estos diálogos al diputado Ignacio Mier, representa de la mayoría en la Cámara de Diputados, para que pase a votación esta iniciativa”, exclamó en voz alta frente a los asistentes.
La propuesta para reducir la duración de la jornada laboral a 40 horas semanales y establecer dos días de descanso por cada cinco días trabajados sigue siendo un tema prioritario en la Cámara de Diputados. A pesar de los avances y debates del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó una extensión del debate, lo que ha ocasionado un retraso en la decisión final que originalmente se esperaba para el 12 de diciembre.
Las discusiones se retomaron en febrero con el inicio del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión. Durante este periodo, se organizaron foros en varios estados de la República y en la Ciudad de México, donde trabajadores y grupos que respaldan los temas laborales llevaron a cabo protestas. Ante la falta de apoyo de su partido, Susana Prieto abandonó la bancada de Morena a finales de febrero y se unió a las manifestaciones. Recientemente, mostró confianza en que la iniciativa será discutida en el Pleno en las próximas sesiones, aunque también existe la posibilidad de que el tema se analice hasta octubre, cuando inicie la nueva legislatura.
La falta de consenso entre las distintas fracciones del Congreso impidió que el tema de la reducción de la semana laboral fuera incluido en la agenda del año 2023, generando una respuesta desfavorable por parte del sector empresarial. Este sector anticipa posibles repercusiones negativas en la economía mexicana con la reducción de la semana laboral, argumentando que esto implicaría la necesidad de contratar a un mayor número de empleados para cubrir las mismas tareas.
A pesar de los desafíos que enfrenta, se prevé que el Congreso discutirá la Propuesta de Reducción de la Semana Laboral en 2024, especialmente en el mes de mayo. En caso de alcanzar una resolución positiva, se contempla su implementación en el mismo año, posiblemente de manera progresiva en entidades gubernamentales y empresas privadas.
La dificultad de esta modificación radica en su naturaleza constitucional, dado que requiere la aprobación de una mayoría calificada, es decir, dos tercios de los legisladores de la Cámara de Diputados, tanto durante la deliberación como en la eventual ratificación de la propuesta. Esta exigencia constitucional añade un nivel adicional de complejidad al proceso legislativo, ya que implica la necesidad de un consenso amplio entre los distintos partidos políticos para modificar la legislación laboral en México.
La propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo contempla cambios significativos en la sección A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un enfoque clave en las pausas y la reducción de la duración de la jornada laboral. Esta propuesta busca modernizar las normativas laborales para promover un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los empleados.
Algunos aspectos esenciales de esta propuesta incluyen la reducción de la duración máxima de la semana laboral de 48 a 40 horas, lo que se traduce en una jornada laboral más corta para los trabajadores. Asimismo, se instituirían dos días de descanso obligatorio tras trabajar cinco días consecutivos, proporcionando a los empleados un tiempo adecuado para recuperarse y dedicarse a actividades personales y familiares.
Sin embargo, la certeza sobre la aprobación de esta ley en el presente año sigue siendo incierta. Susana Prieto Terrazas, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, ha expresado que aún no hay claridad sobre los procedimientos que la comisión debe seguir para evaluar esta propuesta. Esta incertidumbre refleja la complejidad y el debate en torno a los cambios laborales propuestos y su impacto en la economía y el empleo.
El propósito detrás de la modificación en la duración de la jornada laboral es introducir mejoras positivas en el ambiente de trabajo y fomentar el bienestar de los empleados. Sin embargo, será necesario esperar hasta marzo para que la propuesta de alteración de las leyes laborales sea discutida nuevamente en la Cámara de Diputados.
Por otro lado, ciertos líderes empresariales han expresado preocupaciones, señalando que esta medida podría afectar adversamente a las pequeñas y medianas empresas, así como a sectores económicos como la agricultura, la manufactura, el comercio y el turismo. Sugieren que algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar sus operaciones.
Además, han resaltado que la aprobación de esta reforma implicaría la necesidad de contratar aproximadamente 2.6 millones de personas mediante esquemas de jornadas reducidas, lo que resultaría en un gasto adicional estimado de 20 mil millones de dólares anuales para el sector empresarial.
La implementación de esta ley se llevará a cabo gradualmente a lo largo de cinco años. Iniciará un año después de su publicación oficial en el Diario Oficial. Durante el primer año de implementación, la jornada laboral se reducirá a 44 horas semanales. Posteriormente, después de tres años desde la publicación, se disminuirá a 42 horas semanales. Finalmente, al completarse cinco años desde la publicación, la jornada se reducirá a 40 horas semanales. Este proceso escalonado tiene como objetivo facilitar la transición y adaptación tanto para empleadores como para trabajadores, permitiendo ajustes progresivos en el tiempo hasta alcanzar la duración de jornada laboral establecida.
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