Ministerio Público solicita a los clubes dar información de los aportes recibidos de la FPF. (Foto: Agencias)
Ministerio Público solicita a los clubes dar información de los aportes recibidos de la FPF. (Foto: Agencias)

En enero de 2024, el equipo 3 de la Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada realizó diligencias en las instalaciones de los clubes , , , entre otros, como parte de la investigación que realiza contra los integrantes de la , con entre los implicados, por presuntos delitos de organización criminal. El objetivo era recabar información sobre el uso de fondos otorgados por la FPF. Sin embargo, brindaron “información incompleta”, por lo que, mediante un despacho fiscal, el solicita información detallada y precisa de todos los aportes que hayan recibido los cuadros de la Liga 1, Liga 2 y Ligas departamentales, en un plazo máximo de diez días hábiles.

En un documento enviado el miércoles 21 de febrero, el Ministerio Público solicitó a los clubes que remitan al despacho fiscal información clara de los aportes recibidos de la FPF, “precisando la cuenta bancaria a la que han llegado los aportes, la fecha de depósito, concepto, montos, el destino del dinero recibido; deberán precisar si han recibido dinero en efecto y/o cheques, deberán informar si han pagado impuestos respecto a dichos aportes, así como si han rendido cuentas a la Federación Peruana de Fútbol respecto al uso de los aportes y/o depósitos”.

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“Es necesario señalar que, la información se solicita en mérito al numeral 1 del artículo 15° de la Ley N.° 30777 - Ley contra el Crimen Organizado la cual se deberá remitir a esta fiscalía en un PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, bajo apercibimiento de ley; y, deberá estar detallada completamente conforme a los rubros señalados en el cuadro adjunto, sin necesidad de adjuntar documentos que sustenten dichos rubros, toda vez que esta se requerirá, en su oportunidad”, agregó el organismo.

Como se recuerda, cuando visitó las instalaciones de algunos clubes de la Liga 1, el Ministerio Público señaló en sus redes sociales que esas diligencias fueron parte de la investigación contra los “miembros de la Federación Peruana de Fútbol, entre ellos a Agustín Lozano, por los presuntos delitos de organización criminal y otros”.

Los investigados son Lozano, Raúl Eduardo Bao García, Víctor Bellido Aedo, Luis Alberto Duarte Plata, Juan Enrique Dupuy García, José Carlos Isla Montano, Gisella Karen Mandriotti Nightingale, Sabrina Gisella Martin Lamalloa, Genaro Humberto Minan Armanza, Osias Ramírez Gamarra, Arturo Ignacio Ríos Ibanez y Jean Marcel Robilliard Barcena.

Solicitud del Ministerio Público a los clubes de la Liga 1, Liga 2 y Ligas provinciales. (Foto: Difusión)
Solicitud del Ministerio Público a los clubes de la Liga 1, Liga 2 y Ligas provinciales. (Foto: Difusión)
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Agustín Lozano afronta otra investigación

Hace unos días, la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Lambayaque solicitó, al juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de la región, las medidas cautelares de Embargo Preventivo en forma de inscripción y Orden de Inhibición contra las propiedades de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La solicitud de Embargo Preventivo y Orden de Inhibición son contra cinco propiedades que Agustín Lozano posee en Lambayeque, las cuales habría adquirido junto a su cónyuge, Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, conforme se indica en las partidas registrales inscritas en la Oficina Registral Chiclayo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Si el Décimo Juzgado de Lambayeque acepta la solicitud de la Procuraduría de la región y le otorga las medidas cautelares, Agustín Lozano no podrá vender ni transferir ningunos de sus bienes a familiares o terceros cercanos; sin embargo, las propiedades continuarán estando a su nombre. Por su parte, el mandamás de la FPF podría apelar dicha orden del juez y entrar en un proceso largo para anular las cautelares. El Estado recién ejecutaría la expropiación de los bienes en disputa en caso Lozano fuera declarado culpable por el delito que se la acusa.


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