El pasado jueves 7 de noviembre, todos los focos se posaron en la vivienda de Agustín Lozano –por entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)–, cuando este fue detenido y enmarrocado por la Policía Nacional, debido a la orden judicial del Ministerio Público por la imputación de los presuntos delitos por organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos. Según la tesis fiscal, el también exalcalde de Chongoyape encabezaría una organización criminal denominada ‘Los Galácticos’.
Ha pasado una semana desde dicho suceso, donde también fueron arrestados otras 13 personas, resaltando los nombres de Joel Raffo –presidente y dueño de Sporting Cristal– y Gisella Mandriotti –presidenta de la Academia Cantolao–, además del allanamiento de 17 inmuebles, 12 de ellos en Lima y los otros cinco en el interior del país. Esta detención preliminar fue por 15 días, por lo que todavía queda una semana decisiva para conocer el desenlace de esta grave incriminación, que ha puesto en jaque el sistema del fútbol peruano.
Las diligencias continuaron con el transcurrir de los días y el sábado se llevó a cabo la extracción de la información de los celulares de Joel Raffo, Sabrina Martín y Jean Marcel Robilliard –secretaria general de la FPF y su predecesor en el cargo, respectivamente–. Mientras tanto, se realizó la toma de declaraciones de los personajes previamente mencionados en este párrafo, así como el de Humberto Miñán –presidente de la Liga Departamental de Tumbes– y Norma Rosa Alva, operadora de las ventas de entradas de los partidos de la Selección Peruana.
Todo esto parecía seguir su curso con normalidad, cuando el último lunes se cumplió con la audiencia para ver si se aceptaba el recurso de excepción de improcedencia de acción penal, apelación presentada por la defensa de Agustín Lozano el mismo 6 de noviembre, y derivado por el juez Richard Concepción Carhuancho a la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir este recurso? Se trata de una oposición que se presenta cuando no se cumplen los presupuestos procesales para iniciar un proceso penal, o cuando el hecho no es un delito o no es justiciable penalmente.
Aunque la audiencia quedó frustrada el lunes, fue reprogramada para el último miércoles ante la jueza Soledad Barrueto Guerrero. Así pues, la defensa técnica de Agustín Lozano, César Mayta Acevedo, argumentó que su patrocinado, como presidente de la FPF, no tendría responsabilidad penal sobre las reventas de entradas de los encuentros de la ‘Bicolor’, uno de los hechos planteados por el Ministerio Público. Además, sostuvo que su caso no debería tratarse como una organización criminal, ya que la ley cambió en octubre y eso no configuraría un delito grave.
En su explicación, Mayta Acevedo aseguró: “La reventa de entradas de cortesía y corporativas por parte del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no genera un peligro concreto de daño patrimonial”. Además, complementó pidiendo que se declare fundado el recurso de la excepción de improcedencia de actos, ya que –según él– la tesis de la Fiscalía solo llevaría a un delito penal en la administración de personas jurídicas, si Lozano, en su labor como presidente de la FPF, hubiera tenido la función de supervisión y control de las entradas.
La defensa técnica del directivo norteño, agregó lo siguiente: “Justamente, por su condición como presidente de la Federación, no se le puede atribuir responsabilidad penal por la reventa de entradas de cortesía y corporativas. (…) Ya que, dentro de su cargo, no se especificaba el control sobre dicha actividad”. En respuesta, el fiscal del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos, Carlos Puma Quispe, mencionó pruebas en la reventa de entradas para el partido entre Perú y Uruguay, en marzo de 2017, y consideró que esto genera un perjuicio a la FPF, miembros y terceros. Tras esta audiencia, la magistrada Soledad Barrueto dará a conocer su decisión en un plazo máximo de 72 horas, y notificará a las partes procesadas por correo electrónico.
”. En respuesta, el fiscal del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos, Carlos Puma Quispe, mencionó pruebas en la reventa de entradas para el partido entre Perú y Uruguay, en marzo de 2017, y consideró que esto genera un perjuicio a la FPF, miembros y terceros. Por ahora no hay ninguna certeza al respecto, ya que la magistrada Soledad Barrueto Guerrero dará a conocer su decisión en el plazo correspondiente, y notificará a las partes procesadas por correo electrónico.
Por ahora no hay ninguna certeza al respecto, ya que la magistrada Soledad Barrueto Guerrero dará a conocer su decisión en el plazo correspondiente, y notificará a las partes procesadas por correo electrónico. Por ahora no hay ninguna certeza al respecto, ya que la magistrada Soledad Barrueto Guerrero dará a conocer su decisión en el plazo correspondiente, y notificará a las partes procesadas por correo electrónico.
En el mismo día en que Agustín Lozano buscaba resolver su caso con su recurso de apelación, en horas de la mañana, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas de 1190 Sports en San Isidro. Recordemos que esta empresa ganó la licitación de la transmisión de los partidos de la Liga 1 –y otros torneos– desde el año pasado, por lo que, según la tesis del Ministerio Público, esta se habría dado bajo la irregular intervención del presidente de la FPF, junto a otros miembros de su directorio principal.
Esta investigación señala que Lozano y la junta directiva de la FPF, habrían incurrido en un conflicto de intereses al otorgar los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1 de la temporada 2023 a 1190 Sports, a través de negociaciones directas que presuntamente fueron ilegales. Aunque la licitación no había concluido, la Comisión de Derechos de Televisión, sin facultades para tomar una decisión, concretó acuerdos con la empresa, lo que refuerza la hipótesis de actos ilícitos en el proceso.
Esta imputación del Ministerio Público explica que Agustín Lozano tiene implicación en contratos irregulares relacionados con los derechos televisivos de la Liga 1. Asimismo, este habría firmado acuerdos con la empresa Prisma SpA para asesoría comercial y con 1190 Sports para la explotación de los derechos televisivos del campeonato local en enero de 2023, lo que habría generado un conflicto de intereses debido a la conexión familiar entre los involucrados. La comisión encargada de los derechos de televisión estaba conformada por miembros vinculados directamente a las empresas implicadas, como Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, quien tiene parentesco con los representantes de Prisma y 1190 Sports.
En diálogo con Canal N, el general de la PNP, Nilton Santos, detalló todas los allanamientos que de llevaron a cabo en simultáneo en varios distritos de la capital. “Hemos realizado ocho allanamientos en la ciudad de Lima. Estos están vinculados a la investigación que se viene realizando a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por una presunta organización criminal. Los allanamientos han sido en ocho empresas en cinco distritos de Lima. En Miraflores, San Isidro, San Borja, Lince y Carmen de la Legua, Callao”, comentó.
En esa misma exposición, Santos reveló qué otras compañías, además de 1190 Sports, fueron parte de estas diligencias. “Todo está relacionado a la incautación de documentación, computadoras, laptops, todo lo que podamos encontrar y pueda servir para la investigación (...) La empresa Agrícola Pumayaca, BCD Travel, Mercari SAC, Valora Fútbol SAC, CSI Renting Perú, Illaypa SAC y CC Abasticimiento Global”, remató.
Finalmente, horas después del allanamiento, 1190 Sports emitió un comunicado a la opinión pública, en donde aseguran que seguirán colaborando con la justicia para esclarecer los hechos en los que están involucrados. Agregaron que en todos los países donde operan, lo hacen con total transparencia, cumpliendo las normas y disposiciones dentro de las regulaciones de cada mercado.
“El compromiso de 1190 Sports en el proyecto Liga1 la ha llevado a invertir en su primer año de operación, más de USD 40 millones, con estados de resultados auditados y transparentes [...] En todos los países donde opera, 1190 Sports actúa con total integridad, operando de manera transparente y responsable, y siempre en cumplimiento con las normativas y disposiciones vigentes, respetando las regulaciones de cada mercado”, señalaron.
Asimismo, también aseguraron que “desde el primer día de sus operaciones en Perú han cumplido con todas las solicitudes requeridas por las autoridades locales”; y como parte de su compromiso con la transparencia “seguirán colaborando con todas las instancias oficiales que lo soliciten”.
Dentro las investigaciones que siguen su curso, mientras el sindicado cumple una prisión preliminar de 15 días, una de ellas señala a Agustín Lozano por haber recibido pagos y depósitos irregulares por parte de la Federación, los cuales habrían sido transferidos a sus cuentas personales. Este caso podría configurar el delito de lavado de activos en su fase inicial, ya que el chongoyapano habría utilizado su control administrativo en la FPF para incrementar sus remuneraciones de forma sospechosa entre 2019 y 2023. La investigación se centra en cómo se realizaron estas transferencias y la legalidad de las mismas.
La tesis del Ministerio Público, sostiene que, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2023, Lozano recibió un total de 2 millones 528 mil 617 soles en concepto de sueldos. El primer pago que tuvo como presidente de la FPF fue en septiembre de 2019 por S/ 9,105.40, pero en solo dos meses su remuneración aumentó drásticamente. En octubre de ese mismo año, su sueldo subió a S/ 29,314.37, y en noviembre alcanzó una cifra exorbitante de S/ 637,121.89, lo que evidenció un incremento irregular y acelerado.
En esa misma línea, en los siguientes años Agustín Lozano siguió recibiendo sueldos cada vez más altos. En 2020, su remuneración ascendió a S/ 174,386; en 2021 fue de S/ 231,691.50; y en 2022 alcanzó los S/ 306,588.04. Sin embargo, el monto más significativo ocurrió en 2023, cuando Lozano Saavedra percibió un total de S/ 1,140,410.15, con pagos especialmente elevados en enero y abril, los cuales superaron los S/ 150,000 y S/ 300,000 respectivamente. En vista de que estas investigaciones aún no terminan, con el correr de los días tendremos mayores novedades sobre todos los implicados en estos delitos, que han lacerado gravemente la reputación del fútbol peruano, sea cual sea el desenlace.