La Fiscalía está investigando a Agustín Lozano Saavedra por recibir pagos y depósitos irregulares por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), los cuales habrían sido transferidos a sus cuentas personales. Este caso podría configurar el delito de lavado de activos en su fase inicial, ya que Lozano habría utilizado su control administrativo en la Federación para incrementar sus remuneraciones de forma sospechosa entre 2019 y 2023. La investigación se centra en cómo se realizaron estas transferencias y la legalidad de las mismas.
Según los investigadores, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2023, Lozano recibió un total de 2 millones 528 mil 617 soles en concepto de sueldos. El primer pago que recibió como presidente de la FPF fue en septiembre de 2019 por S/ 9,105.40, pero en solo dos meses su remuneración aumentó drásticamente. En octubre de ese mismo año, su sueldo subió a S/ 29,314.37, y en noviembre alcanzó una cifra exorbitante de S/ 637,121.89, lo que evidenció un incremento irregular y acelerado.
A lo largo de los siguientes años, Lozano continuó recibiendo sueldos altos. En 2020, su remuneración ascendió a S/ 174,386; en 2021 fue de S/ 231,691.50; y en 2022 alcanzó los S/ 306,588.04. Sin embargo, el monto más significativo ocurrió en 2023, cuando Lozano percibió un total de S/ 1,140,410.15, con pagos especialmente elevados en enero y abril, los cuales superaron los S/ 150,000 y S/ 300,000 respectivamente.
La Fiscalía sostiene que, bajo su liderazgo, la dirigencia de la FPF habría utilizado la institución para obtener beneficios personales, en lugar de cumplir con el objetivo de promover el desarrollo del fútbol en el país. Actualmente, Lozano enfrenta una investigación por cinco delitos, incluido el lavado de activos, y está detenido de manera preliminar mientras continúa el proceso judicial.
Agustín Lozano está detenido en medio de una investigación fiscal por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los Galácticos’, que habría realizado diversos actos delictivos como lavado de activos, fraude, extorsión, coacción y falsedad genérica. Se habría desempeñado como el líder de esta organización criminal y habría sido el encargado de proponer personas de su confianza para que conformen el directorio y áreas estratégicas con el objetivo de disponer del patrimonio de la Federación Peruana de Fútbol en beneficio propio y de terceros.
Además, el titular de la FPF se habría encargado de negociaciones ilegales con 1190 Sports, conociendo que el proceso de licitación no había concluido y no tenía facultades para ello. Otro detalle es que habría realizado la estrategia para ejecutar el contrato con 1190, a fin de doblegar la voluntad de los clubes opositores y obligarlos a que acepten el acuerdo. En un documento del Ministerio Público, se detalla que la Federación recibe un 10 % del dinero que gana por los contratos de transmisión de partidos; pero, según la entidad, el titular de San Luis no comunicó cuánto dinero recibió de esos contratos, ni ha rendido cuentas de lo que hizo con estos montos.
En una entrevista para Canal N, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, explicó el caso judicial y mencionó la posible condena que afrontaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en caso de ser declarado culpable. “La investigación va más allá de un año y medio por la fiscalía de crimen organizado, liderado por el doctor Orihuela, tras esto, ordenó el día de ayer (miércoles) un requerimiento de allanamiento con fines de detención y registró a doce personas. Hoy, junto a doce fiscales y policías especializados, ejecutaron el operativo tanto en Lima, Piura, Chiclayo, Huánuco y Tumbes.
Asimismo, Chávez Cotrina aclaró que el titular de San Luis enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción, fraude en la gestión pública y lavado de activos, en conexión con el manejo inapropiado de los recursos de la FPF. “Después de la detención de 15 días preliminares, la Fiscalía va solicitar otras medidas y ahí se hará pública las evidencias concretas contra los investigados”.
“Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel”, agregó el letrado. Cabe señalar que esta fase inicial también conlleva el cumplimiento de protocolos legales, como la revisión en medicina legal, antes de ser trasladados a la sede de la prefectura, donde se llevará a cabo la detención preliminar.