A primeras horas de este jueves, Agustín Lozano salió de su vivienda esposado por la Policía Nacional del Perú, luego de que su domicilio fuera allanado por orden fiscal. Las autoridades determinaron un operativo de descerraje de su vivienda y otros inmuebles vinculados a la presunta organización criminal ‘Los Galácticos’, en el cual Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, y otras seis personas están involucradas. En medio de todo esto, Felipe Cantuarias, expresidente de la institución del Rímac, se refirió al tema y explicó los motivos por los cuales el Ministerio Público determina la detención preliminar por 15 días de los implicados. A su vez, precisó que el titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) “negoció directamente el contrato” de los derechos de televisión del fútbol peruano.
Cantuarias, en primera instancia, sostuvo que la detención de Lozano era algo que se veía venir, ya que desde hace un tiempo era denunciando por corrupción en la FPF. “Teníamos la expectativa de que en algún momento, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, intervinieran para corregir estos actos de corrupción que vienen sucediendo en la FPF desde que ingresó Agustín Lozano. Esto afecta muchísimo, no solo a la imagen del fútbol peruano, las consecuencias de los allanamientos serán muy fuertes en la sostenibilidad y la continuidad de Lozano en la Federación de Fútbol”, dijo en la entrevista.
Asimismo, precisó cuáles fueron las causales de su detención. “El Fiscal estableció que se ha hecho indebido el uso de recursos de la Federación de Fútbol, por 8.3 millones de soles, explicados en dádivas, entregas, sin ningún sustento de Agustín Lozano y diferentes clubes de Primera y Segunda División. Con donaciones de deudas que suman 8.3 millones de soles, que son de todos los clubes”, resaltó.
Cantuarias también precisó que, tras una profunda investigación por parte de las autoridades, Agustín Lozano habría cometido delitos relacionados con los derechos de televisión de la Liga 1. “Recordemos que la licitación de los derechos de televisión de los partidos de la Liga 1, quedó desierta, pero Agustín Lozano negoció directamente el contrato y se habría cometido actos ilícitos y el pago de una comisión. Consecuencia, la acusación contra Agustín Lozano de organización criminal, incluye corrupción privada, fraude, administración jurídica y lavado de activos. Recordemos, que también esta vinculado a los hechos que Agustín Lozano tuvo una sanción por la Conmebol por la reventa de entradas”, sostuvo.
Es importante precisar que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta red criminal estaría compuesta por Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal; Giselle Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; Sabrina Martín Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel, exsecretario de la FPF; Genaro Miñán, presidente de la Liga de Tumbes y Juan Carlos La Rosa, exfutbolista. Todos los mencionados estarían implicados en actos de corrupción y serían testigos clave en el caso, motivo por el cual fueron detenidos de manera preliminar.
El expresidente de los rimenses al ser consultado sobre el presente del titular de Sporting Cristal, dio su apreciación: “En 68 años de vida institucional, el club Sporting Cristal no había pasado esto. Realmente, en términos de los valores y fundadores, nos afecta muchísimo. Espero que por el bien de Joel Raffo y su familia, todo se aclare, pero desgraciadamente, este arresto de Raffo afecta muchísimo a la reputación de él como dirigente y creo no puede regresar como presidente del club. Necesitamos un cambio profundo en Sporting Cristal”.
¿Qué dijo Agustín Lozano tras ser detenido?
Luego de varias horas de operativo, Agustín Lozano salió enmarrocado de su vivienda y declaró lo siguiente a la prensa: “Quiero pedirle a mi familia tranquilidad. A las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad; espero que se haga justicia y que todo se aclare (…) Quiero tranquilidad para todas las personas que confían en el trabajo que he venido realizando”.
Es importante mencionar que Agustín Lozano está siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la FPF, así como al presunto favorecimiento de algunos clubes peruanos. Además, también está implicado en la reventa de entradas y viajes al Mundial de Qatar 2022, entre otras acusaciones.
¿Cuántos años de cárcel podría afrontar Agustín Lozano?
En una entrevista para Canal N, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, explicó el caso judicial y mencionó la posible condena que afrontaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en caso de ser declarado culpable. “La investigación va más allá de un año y medio por la fiscalía de crimen organizado, liderado por el doctor Orihuela, tras esto, ordenó el día de ayer (miércoles) un requerimiento de allanamiento con fines de detención y registró a doce personas. Hoy, junto a doce fiscales y policías especializados, ejecutaron el operativo tanto en Lima, Piura, Chiclayo, Huánuco y Tumbes, declaró.
Asimismo, Chávez Cotrina aclaró que el titular de San Luis enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción, fraude en la gestión pública y lavado de activos, en conexión con el manejo inapropiado de los recursos de la FPF. “En el transcurso de los días, después de la detención de 15 días preliminares, la Fiscalía va solicitar otras medidas y ahí se hará pública las evidencias concretas contra los investigados”, indicó.
“Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel”, agregó el letrado. Cabe señalar que esta fase inicial también conlleva el cumplimiento de protocolos legales, como la revisión en medicina legal, antes de ser trasladados a la sede de la prefectura, donde se llevará a cabo la detención preliminar.
Si se confirma que los hechos por los cuales se acusa a Lozano y los demás directivos son ciertos, la condena será efectiva. La decisión final dependerá de que la Fiscalía presente pruebas sólidas, una pena potencial superior a cinco años, y el riesgo procesal (como el riesgo de fuga o interferencia en el proceso).
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