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El caos gobierna en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras la detención de Agustín Lozano -por los presuntos delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos- y ello generó diversos problemas de manera interna. Si bien Arturo Ríos asumió el cargo como presidente de manera interina, la inestabilidad sigue siendo una constante, por lo que no hay quien quiera firmar documentos. Esta noticia fue revelada por Jhonny Baldovino -asesor legal de la SAFAP-, quien contó más detalles de lo que se vive a nivel administrativo y cómo puede repercutir en el presente del fútbol peruano.
“Nadie quiere firmar nada. Nadie firma los cheques, nadie firma los contratos, nadie tiene poderes para nada. Al final, debería imponerse -si es que quieren el fútbol- el hecho de renunciar y, antes de eso, solicitar una comisión normalizadora de la FIFA para que se encargue de todo el tema administrativo de la Federación Peruana de Fútbol y regularice la situación”, contó en entrevista con el programa Mano a Mano.
Por otro lado, en la conversación se mencionó que no existe una intención de Arturo Ríos de seguir con el cargo establecido, tras la detención del titular Agustín Lozano. “El problema es que, cuando fueron a registrar los nuevos poderes, se encontraron que no se había inscrito la renuncia del señor Rojas Tito como vicepresidente. No se había inscrito a Arturo Ríos como nuevo vicepresidente y tampoco a Raúl Lozano como encargado. Por esta razón, para registros públicos, Ríos no tiene ese cargo”, agregó.
Por lo pronto, Agustín Lozano se encuentra en audiencia para evitar el dictamen de prisión preliminar por los cargos que se le imputan. El mandatario ejerció su autodefensa con una intervención de casi tres minutos en la que no solo rechazó las acusaciones, sino que también intentó destacar los logros de su gestión, apelando a la “justicia” y a la obra que asegura haber construido para el desarrollo del fútbol nacional.
“¿Cómo es posible que nos diga que hemos desfalcado la Federación cuando mi gestión ha sido la que hoy día puede demostrar que somos una Federación con una estabilidad económica consistente? Por eso hoy día estamos construyendo en el Perú lo que hace 40 años le han negado al fútbol peruano”, resaltó entre sus argumentos.
Cabe recordar que Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal y uno de los implicados en el caso, fue liberado este martes. Desde la Fiscalía decidieron eliminar la detención preliminar y la institución celeste emitió un comunicado donde expresó el respaldo a su mandatario.
“Entendemos que está decisión responde a que Joel Raffo ha continuado demostrando su total disposición para cooperar con las autoridades, como lo ha hecho desde el primer momento que fue citado como testigo del caso en enero del presente año, manifestando su firme voluntad y compromiso con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos”, acotó el club rimense.
¿Cuántos años de cárcel podría afrontar Agustín Lozano?
En una entrevista para Canal N, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, explicó el caso judicial y mencionó la posible condena que afrontaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en caso de ser declarado culpable. “La investigación va más allá de un año y medio por la fiscalía de crimen organizado, liderado por el doctor Orihuela, tras esto, ordenó el día de ayer (miércoles) un requerimiento de allanamiento con fines de detención y registró a doce personas. Hoy, junto a doce fiscales y policías especializados, ejecutaron el operativo tanto en Lima, Piura, Chiclayo, Huánuco y Tumbes.
Asimismo, Chávez Cotrina aclaró que el titular de San Luis enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción, fraude en la gestión pública y lavado de activos, en conexión con el manejo inapropiado de los recursos de la FPF. “Después de la detención de 15 días preliminares, la Fiscalía va solicitar otras medidas y ahí se hará pública las evidencias concretas contra los investigados”.
“Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel”, agregó el letrado. Cabe señalar que esta fase inicial también conlleva el cumplimiento de protocolos legales, como la revisión en medicina legal, antes de ser trasladados a la sede de la prefectura, donde se llevará a cabo la detención preliminar.
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