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El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró fundado el pedido de embargo preventivo de los activos de Agustín Lozano, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La medida se produjo después de que la Fiscalía de la Nación solicitó levantar su secreto bancario, debido a las sospechas de lavado de activos. Las mismas están vinculadas con la conversión y transferencia de fondos que, supuestamente, perjudicaron al Estado, durante el periodo en que el titular de la Videna fue alcalde de Chongoyape (2011-2014 y 2015-2018).
Este martes se confirmó la aprobación de la petición de embargo preventivo contra el dirigente de la FPF, durante su gestión como alcalde del distrito de Chongoyape en Lambayeque. La acusación también afecta a Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, su esposa. La autoridad judicial correspondiente dictaminó el embargo mediante la inscripción e inhibición de cinco propiedades ubicadas en Chiclayo, con un valor aproximado de tres millones de soles.
“Se resuelve declarar fundada la solicitud de embargo en forma de inscripción formulada por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada, sobre los derechos expectaticios que le correspondan al procesado Agustín Lozano Saavedra, al fenecimiento de la sociedad de gananciales, que conforma con su cónyuge Orfelinda de los Milagros Correa Pajares”, se puede leer en el documento.
Lozano Saavedra ejerció como alcalde de Chongoyape en dos ocasiones, durante los períodos 2011-2014 y 2014-2018, en representación del partido Alianza para el Progreso (APP). Después de su gestión, ocupó la presidencia de la FPF ante la detención del presidente Edwin Oviedo. En 2021, fue elegido nuevamente como presidente de la entidad para el período 2021-2025. Sin embargo, su mandato evidenció problemas en noviembre de 2023, cuando la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque solicitó una reparación civil de 5 millones 830 mil 752 soles.
En aquel fallo, la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque proporcionó detalles específicos sobre los activos de Agustín Lozano y su cónyuge que serán objeto de embargo.
- Inmueble inscrito en la Partida Registral N° 02207620 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Chiclayo, hasta por la suma de 522.470 soles.
- Inmueble inscrito en la Partida Registra N° 11138202 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II - sede Chiclayo de la Oficina Registral de Chiclayo de la SUNARP, hasta por la suma de 2,225.00 soles.
- Inmueble inscrito en la Partida Registra N° 11038756 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II - sede Chiclayo de la Oficina Registral de Chiclayo de la SUNARP, por la suma de 118.440 soles.
- En el inmueble inscrito en la Partida Registra N° P10073592 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II - sede Chiclayo de la Oficina Registral de Chiclayo de la SUNARP, hasta por la suma de 69,758.00 soles.
- Sobre las acciones y derechos que ostenta el encausado, Agustín Lozano Saavedra, en el inmueble inscrito en la Partida Registral N° P10074194 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II - sede Chiclayo de la Oficina Registral Chiclayo de la SUNARP, hasta por la suma de 23,474.00 soles.
Fiscalía ya había pedido levantar secreto bancario de Agustín Lozano
Cerca de finalizar el mes de abril, la Fiscalía de la Nación solicitó levantar el secreto bancario de Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por el presunto delito de lavado de activos, específicamente en la modalidad de conversión y transferencia en agravio del Estado, durante su periodo como alcalde de Chongoyape. Autoridades enviaron una notificación referente al caso donde también su esposa está implicada.
Según el argumento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, que es la encargada de seguir las investigaciones, Agustín Lozano habría “convertido dinero cuyo origen ilícito conocía, a través de la adquisición de bienes, edificaciones, constitución de personas jurídicas y aumento de capital, así como transferir la administración a su cónyuge Orfelinda de los Milagros Correa Pajares”. Esto, “con la finalidad de evitar la identificación de su procedencia, su incautación o decomiso”.
Del mismo modo, se ordenó recabar información indagatoria de Agustín Lozano con el objetivo de continuar las investigaciones en su contra. Dentro de las medidas solicitadas está el levantamiento del secreto bancario. Para ello, el Ministerio Público espera la autorización del Poder Judicial para que oficie el pedido hacia los bancos BCP, Interbank, BBVA, entre otras entidades más, a fin de conocer las operaciones financieras y contables de los imputados.
Asimismo, la Fiscalía citará al presidente de la FPF y Orfelinda Correa para tomar nota de sus respectivas declaraciones y acreditar la procedencia del dinero con el que adquirieron sus bienes. Las fechas serán establecidas de acuerdo a la agenda fiscal y conforme avancen las indagaciones. Como se sabe, esta denuncia fue en su momento archivada por no encontrar elementos de juicio para continuar con el proceso. Sin embargo, la Fiscalía ordenó seguir con las investigaciones en contra del cuestionado dirigente deportivo, quien deberá aclarar ante el Ministerio Público cómo adquirió sus propiedades.
¿Qué investigación tiene Agustín Lozano?
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también enfrenta otra investigación por el supuesto incremento desmedido de su patrimonio en más de S/2.8 millones, sin lograr justificar dicho desbalance, cuando era alcalde de la Municipal Distrital de Chongoyape, en Lambayeque, durante los periodos 2011-2014 y 2015-2018, por el partido Alianza para el Progreso (APP).
En septiembre del 2022, la Fiscalía de la Nación dispuso formalizar la investigación contra Agustín Lozano Saavedra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, el directivo habría encubierto su desbalance patrimonial utilizando a sus familiares y sus amistades más cercanas.
Posteriormente, en noviembre del 2023, la fiscalía presentó una acusación y solicitó seis años y ocho meses de pena privativa de la libertad contra el titular de la FPF por el delito que se le imputa. Hasta el momento, la investigación continúa su curso, mientras que el directivo viene cumpliendo sus labores en la Videna.
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