Controversia e incertidumbre se ha generado por la propuesta de modificación de la Ley de Garantías en Colombia, incluido en el Presupuesto 2022 para que funcionarios públicos puedan generar contratos en el periodo electoral de 2022. Conoce de qué va en esta nota. La norma establece que “a partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”. Conoce los detalles en Depor.com
Desde Nueva York, el presidente Duque aseguró que este cambio era necesario debido a la crisis que ha desatado la pandemia, lo que contrasta con sus declaraciones de 2015 cuando –siendo senador en ese entonces de oposición– criticó la posibilidad de abolir la ley de garantías.
“En Colombia ya no hay reelección presidencial y eso implica que tengamos una circunstancia distinta. Hay que mirarlo en otro contexto, pensando en los alcaldes y gobernadores que tomaron posesión en enero de 2020, y que les ha tocado enfrentar una pandemia que les ha truncado aspiraciones y programas”, aseguró Duque. Y agregó que también debe haber una vigilancia rigurosa de los organismos de control para evitar que se desvíen los recursos.
Se trata del artículo que suspende el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y que ahora levanta la prohibición de celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos seis meses antes de las elecciones.
Ese articulo había desencadenado una controversia este miércoles luego que el senador Iván Marulanda de la Alianza Verde describió como “una especie de mermelada la relección de políticos que tienen a Colombia arruinada y deshecha en la corrupción”.
En este primer debate del proyecto de presupuesto también se aprobaron los artículos que incluían asignar recursos al Ministerio de Vivienda, para atender los costos que no sean recuperables en la puesta en marcha del sistema de extracción, adecuación y tratamiento de residuos sólidos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
También incluyó el artículo 92, que busca ampliar la cobertura del plan piloto de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros para beneficiar a los usuarios de comunidades indígenas y de usuarios de estratos 1 y 2.
Por otro lado, el segundo bloque votado constó de los artículos 2, 42, 51, 55, 68, 74, 104, 107, 109, 118, 124, mencionando que en el artículo 2 se define el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de los diferentes sectores, incluyendo los gastos de funcionamiento, de inversión y de servicio de la deuda pública.
En este bloque se votó uno de los artículos más polémicos, el 104, que propone que durante el año 2022 se permita el traslado exprés de pensiones de afiliados, que pasarían del régimen privado a Colpensiones.
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