“Por acciones de coacción”: ADFP solicitó al Ministerio Público la detención de Agustín Lozano

Óscar Romero, presidente de la ADFP, presentó una solicitud ante el Ministerio Público en la que exige la detención del presidente de la FPF, en el contexto de la investigación que se le sigue por organización criminal y otros delitos.
Agustín Lozano es el actual presidente de la FPF. (Foto: GEC)

En el inicio del Torneo Clausura 2023 de la , la guerra por los derechos de TV tiene un nuevo episodio. Sucede que el Poder Judicial, a través de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió había logrado en el pleito por los derechos televisivos que mantiene con el Consorcio Fútbol Perú (CFP); en medio de ello, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), solicitó ante el Ministerio Público la detención de .

Ponemos en conocimiento los hechos sucedidos el último fin de semana entre el viernes 23 y el domingo 25 de junio de 2023, a su despacho fiscal; y solicitamos la detención del investigado Agustín Lozano Saavedra y de la investigada abogada Sabrina Martin Zamalloa por las reiteradas acciones de coacción que vienen realizando en contra de algunos clubes de fútbol de Primera división”, se lee en el documento que emitió Romero Aquino, en calidad de denunciante en la investigación que afronta Lozano e integrantes de su junta directiva, por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros cargos.

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que la ADFP denuncia al titular de la FPF. En diciembre del año pasado, Óscar Romero presentó un documento, el cual tuvo el respaldo de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, acusando a Agustín Lozano como líder de una organización criminal, la cual habría extorsionado a algunos equipos del torneo nacional para “hacerse con los derechos de transmisión televisivos”. Cabe señalar que la investigación fue en contra del presidente del ente rector del balompié peruano y, a su vez, de 12 de sus directivos.

La solicitud de la ADFP al Ministerio Público. (Foto: Twitter)

Esta solicitud se da en el marco de lo acontecido el pasado viernes 23 de junio. Como se recuerda, a través de una resolución, la Corte Superior de Justicia de Lima anunció que anuló la medida cautelar que había conseguido la Federación Peruana de Fútbol, la cual suspendía los contratos vigentes de los derechos de TV de Alianza Lima, Binacional, Melgar y Cienciano con Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU).

Tras el documento que emitió la ADFP este lunes, Carlos Caro, vocero legal de la FPF, aclaró que 1190 Sports sigue contando con la exclusividad de transmisión de la Liga 1 Betsson, a excepción de los duelos de local de Universitario, Sport Boys, Municipal y Mannucci. Asimismo, negó que ningún miembro de la FPF se pueda ir detenido por lo sucedido.

Para nosotros son expresiones absolutamente desafortunadas, fuera de lugar. El señor Romero no controla la Fiscalía, el Poder Judicial, y si él está vendiendo esa información, yo creo que lo primero que tiene que hacer es resolver su proceso judicial. Recordemos que él tiene una acusación fiscal por más de 20 años de privación de la libertad. Primero que resuelva sus procesos judiciales antes de estar hablando de procesos penales de los que él no es parte”, señaló en diálogo con Depor.

¿Quién gana y quién pierde?

Sin ninguna duda, el gran beneficiado tras la resolución del Poder Judicial es el Consorcio, porque tendría luz verde para ejecutar los nuevos contratos que suscribió con Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional. Es más, su intención es transmitir por la señal de GOLPERU los próximos partidos que a dichos clubes les toque de local. No obstante, en ese punto hay otro problema, ya que -según el cambio de reglamento que la FPF propició meses atrás - los clubes están obligados a permitir el ingreso de las cámaras de Liga 1 MAX para la transmisión de sus compromisos. Si eso no sucede, de acuerdo a las nuevas disposiciones, el partido se reprograma y, de repetirse el caso, se declara ‘walkover’. Como se sabe, los clubes de oposición ya tienen un W.O. y recibir el segundo significaría su descenso a la Liga 2.

En ese sentido, desde lo deportivo, Alianza Lima y el resto de clubes de oposición deben cumplir con el reglamento y autorizar el ingreso de Liga 1 MAX; pero, desde lo judicial, nada le impide al Consorcio ingresar sus cámaras para transmitir esos partidos, porque la medida cautelar ya fue anulada y los nuevos contratos se lo permiten. Visto desde ese ángulo, los clubes afectados están entre la espalda y la pared, porque podrían recibir sanciones o castigos de ambos lados. No obstante, también existe la posibilidad de que sus partidos se terminen viendo a través de la señal de los dos canales que transmiten la Liga 1 Betsson: Liga 1 MAX y GOLPERU. ¿En qué acabará todo?


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