Una nueva controversia sacude al fútbol peruano y tiene como escenario la región Ica, donde una situación administrativa terminó involucrando a Sporting Cristal. Lo que comenzó como una cesión aparentemente inofensiva hoy expone una cadena de decisiones que despiertan cuestionamientos serios. El caso no solo compromete a los celestes, sino también a entidades públicas y a funcionarios responsables. La información salió a la luz tras una revisión exhaustiva de documentos y convenios firmados años atrás. Con el paso del tiempo.
Todo gira en torno a un terreno de aproximadamente 9,000 metros cuadrados ubicado en Ica y que pertenece al Estado. Dicho predio está bajo la administración del Ministerio de Educación, aunque era utilizado por un instituto tecnológico público de la zona. Sin embargo, pese a no ser propietario del espacio, la dirección de dicha entidad terminó cediendo el uso del terreno sin contar con autorización legal para hacerlo.
La cesión se concretó en 2019 mediante un convenio que entregaba el uso del predio por varios años a una asociación civil. El problema es que este acuerdo se realizó sin evaluación previa de beneficios para la institución educativa y sin el visto bueno del sector correspondiente. Esa primera decisión abrió la puerta a una serie de movimientos posteriores que hoy generan la polémica.
Con el tiempo, la asociación que recibió el terreno actuó como intermediaria y volvió a ceder el espacio, esta vez a Sporting Cristal. Desde entonces, el club viene utilizando el predio para el funcionamiento exclusivo de una academia de fútbol. Se trata de una actividad privada y con fines lucrativos, desarrollada en un bien que es propiedad del Estado.
El informe que destapa el caso señala que el principal beneficiado de toda esta operación es el club deportivo. Mientras tanto, la entidad educativa no recibe ningún tipo de beneficio económico, académico ni social por el uso del terreno. Además, esta ocupación limita la posibilidad de que el Estado ejecute proyectos de mejora en la infraestructura del instituto.
A esta situación se suma un aspecto que genera mayor preocupación. El recinto ha sido catalogado con un alto nivel de riesgo en materia de seguridad, al no cumplir condiciones mínimas exigidas. Pese a ello, en el lugar se realizan actividades deportivas con menores de edad, sin que se cuente con los certificados necesarios ni un control adecuado de accesos.
El caso también apunta a posibles responsabilidades individuales. Se identificaron presuntas faltas administrativas y penales en funcionarios que autorizaron y permitieron la cesión del terreno sin respaldo legal. Las observaciones alcanzan a cargos directivos y áreas administrativas que intervinieron en el proceso.
Ante este panorama, el tema ya fue derivado para el inicio de acciones legales correspondientes. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y pone a Sporting Cristal en el centro de un debate que trasciende lo deportivo, abriendo interrogantes sobre el uso de bienes públicos y la fiscalización de este tipo de convenios en el fútbol peruano.
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