¡Alerta para los seguidores del fútbol ilegal! La justicia en España ha intensificado su ofensiva contra la piratería futbolística, otorgando a LaLiga autoridad para imponer sanciones a quienes accedan a contenidos deportivos vía transmisión no oficiales. Un veredicto sin precedentes del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona establece un hito, ampliando la responsabilidad desde los proveedores que ofrecen dichos contenidos ilícitamente hasta los propios consumidores, reportaron medios locales este jueves 7 de marzo.
Al igual que ocurre en numerosos países, no todas las personas pueden costearse la visualización de partidos de fútbol en directo. En España, las opciones disponibles son a través de Movistar+ y Orange, con un costo mensual cercano a los 100 euros, aproximadamente. Al respecto, muchas personas recurren a las transmisiones piratas.
En esa línea, hasta la fecha, solo las compañías que ofrecían partidos de fútbol ilegales podían ser sancionadas por esta situación. Sin embargo, un cambio significativo se presenta ahora, ya que las autoridades de ese país tomarán acciones legales y aplicarán sanciones contra aquellos que consuman contenido ilegal.
Se prevé que la aplicación de esta medida reduzca la piratería, al mismo tiempo que anima a los espectadores a optar por opciones legales para acceder a eventos deportivos. Este cambio no solo favorece a las ligas y a los proveedores de transmisiones legales, sino que también promueve el crecimiento y la estabilidad económica de las competiciones futbolísticas.
En España, los espectadores que opten por ver fútbol pirata podrían enfrentarse a multas económicas. Aunque es una novedad en este país, esta práctica ya se lleva a cabo en otros países europeos como Italia, donde las sanciones por estas infracciones pueden alcanzar hasta los 5.000 euros.
Orange y Movistar estarán legalmente obligados por una orden judicial a notificar a LaLiga sobre cada individuo que acceda a un servidor pirata utilizando su dirección IP. Después, deberán proporcionar esta información, junto con el nombre completo del titular del servicio de Internet, la dirección física de la instalación de la línea de red y un documento de identificación.
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