Las polémicas arbitrales en la Liga 1 2026 llegaron a una instancia que va más allá de las canchas. El Ministerio Público decidió intervenir ante los constantes cuestionamientos por las decisiones de los jueces y el uso del VAR durante el campeonato. A poco de conocerse al ganador del Torneo Clausura, la Fiscalía abrió un procedimiento preventivo que involucra a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).
La medida fue adoptada por la 4.ª Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima, que abrió la Carpeta Fiscal N.º 351-2026. A través de esta disposición, solicitó a ambos organismos implementar acciones para fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación del arbitraje y del videoarbitraje en los encuentros correspondientes a la temporada 2026. Además, la CONAR ya fue notificada formalmente y deberá adoptar las acciones correspondientes.
La denuncia fue presentada por Carlos Franco Chipoco, expresidente de Alianza Lima y exdirigente de la FPF. En sus escritos, el exdirectivo señaló las actuaciones de los árbitros Víctor Hugo Carrillo, Jhonny Bossio, Rudy Méndez, Robin Segura y Alejandro Villanueva, quienes estuvieron involucrados en distintas controversias durante el desarrollo de la Liga 1. De esta manera, el vínculo con el cuadro blanquiazul se encuentra en el origen de la denuncia, aunque el procedimiento fue iniciado a partir de la presentación individual de Franco Chipoco.
Entre las principales disposiciones de la Fiscalía también figura el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia e información sobre las decisiones arbitrales. El objetivo es que las actuaciones que generen cuestionamientos públicos puedan ser esclarecidas mediante canales institucionales. Asimismo, se solicitó mayor transparencia en las intervenciones del VAR para que los criterios utilizados durante las revisiones puedan ser conocidos por los protagonistas del campeonato.
Uno de los puntos más importantes está relacionado con los audios de las conversaciones entre los árbitros de campo y los operadores del VAR. La disposición fiscal apunta a garantizar la conservación y difusión de la totalidad de estos registros en las jugadas que hayan generado controversia. El pedido busca que los clubes, hinchas y medios de comunicación puedan conocer cómo se desarrollaron las comunicaciones y qué criterios se tomaron en cuenta para resolver determinadas acciones.
Otro de los aspectos que llamó la atención en la intervención fiscal está relacionado con el comportamiento de las hinchadas. El Ministerio Público advirtió que el descontento de los aficionados frente a determinadas decisiones arbitrales podría generar situaciones de violencia dentro o fuera de los estadios. Por ese motivo, consideró que existe un riesgo de posibles disturbios durante los encuentros que restan del campeonato y decidió actuar de manera preventiva para evitar que se produzcan incidentes.
Es importante precisar que esta intervención no representa una declaración de culpabilidad contra los árbitros mencionados ni significa que la Fiscalía haya determinado la existencia de corrupción arbitral. Se trata de un procedimiento preventivo orientado a evitar posibles delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, y a promover mejores mecanismos de supervisión y transparencia en el fútbol peruano.