La pandemia del COVID-19 no solo ha generado tensión en el ámbito político, económico y social, sino también en el ecológico y la razón se remite a la búsqueda incansable de una vacuna que pueda restablecer la ‘normalidad’ en muchas actividades en el mundo.
Y es que, así como lo reveló The New York Times, el camino a dar con la vacuna ha despertado una vieja riña entre farmacéuticas y ecologistas, pues por décadas, un componente que se encuentra en la sangre del cangrejo bayoneta ha sido de vital importancia para someter los medicamentos inyectables, como las vacunas, a pruebas que permiten detectar contaminantes bacterianos peligrosos llamados endotoxinas.
Las endotoxinas son moléculas que se encuentran en la pared celular de muchas bacterias comunes, como “Escherichia coli” y salmonela. Las toxinas pueden provocar fiebre e incluso la muerte en los seres humanos, aunque se mate a la bacteria que las produjo. Las empresas farmacéuticas deben verificar que no haya ningún tipo de toxina presente en los medicamentos inyectables que preparan.
En síntesis, los miles de millones de dosis de las posibles vacunas y muchos de los ingredientes empleados en distintas etapas de su proceso de producción tendrán que someterse a una prueba para detectar endotoxinas.
Con el avance de la tecnología, desde hace un par de años, impulsados por organismos ecologistas, se busca remplazar la prueba que utiliza un componente de la sangre del cangrejo bayoneta, llamado LAL, por una prueba que emplee rFC, el equivalente sintético de la sustancia química obtenida del suero sanguíneo del cangrejo, y que se produce en el laboratorio insertando genes en microorganismos cultivados para crearlo.
Sin embargo, y a pesar de que en el ámbito internacional, la Farmacopea Europea ya autorizó el uso generalizado de la prueba alternativa, la Farmacopea de Estados Unidos (USP, por su sigla en inglés) -que estuvo cerca del mismo camino-, dio marcha atrás y dijo que esta prueba, conocida como rFC (factor C recombinante), requiere mucho más estudio.
Representantes de USP indicaron que cuentan con treinta años de datos sobre la prueba actual y solo dos sobre la nueva, por lo que necesitan más información. Debido a ello, algunos representantes de empresas que ya habían dado los primeros grandes pasos en la elaboración de vacunas con rFC expresan su decepción porque “quizá sea un retraso de unos tres o cuatro años y sin garantía alguna”.
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